La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que el que se destine a Estados Unidos parte del agua de la presa La Boquilla, en Chihuahua, es una decisión legal que corresponde exclusivamente al Ejecutivo Federal para cumplir tratados internacionales y no a los municipios.
Por mayoría de 9 votos, el pleno de ministros concluyó que el artículo 27 de la Constitución es claro al señalar que la gestión de las aguas nacionales, como patrimonio de la nación, corresponde a la Federación y los municipios no tienen facultades concurrentes para decidir sobre el uso y destino de ellas.
“Las órdenes de disposición de las 5 aguas almacenadas en la presa “La Boquilla” se dictaron en cumplimiento de un tratado internacional suscrito y ratificado por el Estado Mexicano y que la disposición o posible disposición de estos recursos está destinada al pago a los Estados Unidos de América de adeudos generados en el 34 del tratado de aguas internacionales”, expuso el ministro Javier Laynez.
Durante la sesión de este martes, la SCJN desechó las quejas sobre la actuación de la Guardia Nacional que, en 2020 fue desplegada para resguardar la presa y tuvo por ello varios enfrentamientos con agricultores locales.
Las controversias fueron interpuestas por municipios de Chihuahua
Para los ministros del máximo tribunal, los ayuntamientos chihuahuenses que llevaron el caso hasta la Corte no presentaron argumentos que cuestionaran la constitucionalidad de la intervención de la Guardia Nacional.
Este lunes la Corte concluyó que el Congreso debe regular la participación de municipios para hacer realidad el derecho al agua por lo que el Poder Legislativo deberá emitir la Ley General de Aguas durante su próximo periodo ordinario de sesiones.
Las controversias fueron interpuestas por municipios de Chihuahua que impugnaban la entrega de los recursos de la pera “La Boquilla” a los Estados Unidos, para pagar los adeudos del Tratado sobre Distribución de Aguas Internacionales de 1944.
