Gobernador de Baja California expropia campo de golf en Tijuana

El gobernador de Baja California, el morenista Jaime Bonilla, cumplió su amenaza en contra de los propietarios del Club Campestre de Tijuana, y este martes publicó un decreto en el que expropia el inmueble que alberga un amplio campo de golf, para convertirlo en un parque público. La medida se da luego de reiteradas acusaciones en las que el Ejecutivo de esa entidad acusaba que el club mantiene varios adeudos fiscales con la entidad.

Por: Redacción
2021-04-13

 

El club cuenta con una superficie de 504,379 metros cuadrados y es propiedad de una sociedad civil.

La argumentación esgrimida en el decreto que declara como utilidad pública las instalaciones del Club Campestre de Tijuana expresa que, los habitantes de Baja California, “tienen derecho a la protección de la salud y al acceso a la cultura, al tiempo libre y al ocio, para lo cual las autoridades tomarán las medidas necesarias para el pleno disfrute de estos”.

Bonilla, quien pretendía mantenerse en la gubernatura cinco años, lo cual fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), añade en el documento de expropiación que con esta “se optimizan los derechos humanos de protección a la salud, a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, derecho a la cultura física y a la práctica del deporte, así como al acceso a la cultura”.

Si bien el gobernador, como cualquier otro titular del Ejecutivo de las entidades federativas del país, tiene facultades para expropiar la propiedad privada, estas acciones deben estar plenamente justificadas constitucionalmente, por lo que los afectados pueden acudir al Juicio de Amparo para oponerse a esta medida.

Visos de autoritarismo

El decreto de expropiación, publicado este martes en el Periódico Oficial de Baja California, añade que “la propiedad privada no es absoluta, sino que esta puede ser expropiada, siempre que se cumplan (sic) con un objetivo de utilidad pública”.

Específicamente, Jaime Bonilla considera que el acceso de los socios al Club Campestre “representa un beneficio para un grupo muy pequeño de personas, excluyéndose a un grupo aun mayor de personas el goce del área verde que representa” la instalación.

Además, “el perjuicio a la propiedad privada del Club Campestre es menor al beneficio que ello genera a favor de la sociedad. Esto es, el grado de beneficio es mayor al grado de afectación”, se puede leer en el decreto.



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