Presenta Omar Bazán denuncias contra COBACH y FANVI

El legislador priista anunció que dará seguimiento a la denuncia que presentó recientemente contra el doctor Ernesto Ávila, durante su gestión como titular del ICHISAL en 2018, también a raíz de diversas irregularidades detectadas por la Auditoría Superior del Estado.

Por: Redacción
2020-09-18

 

 
Derivado de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior del Estado en la revisión de la cuenta pública 2018 en el Colegio de Bachilleres del estado de Chihuahua y en el Fideicomiso Fondo de Atención a Niños y Niñas Hijos de las Víctimas de la Lucha Contra el Crimen -FANVI-, el vicepresidente del Congreso del Estado, Omar Bazán, presentó hoy las respectivas denuncias ante la Fiscal Anticorrupción, Gema Guadalupe Chávez Durán,
 
Lo anterior al margen de las acciones legales que habrá de emprender la propia Auditoría Superior del Estado, luego de la aprobación por el pleno del Congreso del Estado del dictamen presentado por esta institución.
 
La Auditoría Superior del Estado encontró diversas irregularidades en operaciones como licitaciones, compras y contratos, entre otras, que se efectuaron en el Colegio de Bachilleres y el Fideicomiso Fondo de Atención a Niños y Niñas Hijos de las Víctimas de la Lucha Contra el Crimen.
 
 
CONSIDERACIÓN RESPECTO A MI LEGITIMACIÓN
 
Tomando en cuenta la calidad de servidor público de elección popular con la que comparezco y como ciudadano interesado en la revisión exhaustiva de las cuentas públicas, al encontrarme en ejercicio de las funciones públicas que se me encomendaron, he tenido conocimiento de la probable existencia de la comisión de hechos que pueden ser constitutivos de delitos por parte de servidores públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua, por lo que con fundamento en el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, me veo obligado a denunciarlos inmediatamente al Ministerio Público.
 
Artículo 222. Deber de denunciar
Toda persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público y en caso de urgencia ante cualquier agente de la Policía.
 
Quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito, está obligado a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público, proporcionándole todos los datos que tuviere, poniendo a su disposición a los imputados, si hubieren sido detenidos en flagrancia. Quien tenga el deber jurídico de denunciar y no lo haga, será acreedor a las sanciones correspondientes.
 
 
COBACH
 
 
Por medio del presente escrito y con fundamento en los artículos 221, 222 y 223 del Código Nacional de Procedimientos Penales vengo a interponer formal denuncia                                                                                                                                                                                                                 en contra de la Lic. María Teresa Ortuño Gurza, Directora General del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua a quien se le atribuyen los actos y omisiones que más adelante habré de precisar y/o quienes resulten responsables por la comisión del posible delito de USO ILEGAL DE ATRIBUCIONES Y FACULTADES previsto en el artículo 261 fracción I inciso d) del Código Penal del Estado.
 
 
FANVI
 
Por medio del presente escrito y con fundamento en los artículos 221, 222 y 223 del Código Nacional de Procedimientos Penales vengo a interponer formal denuncia                                                                                                                                                                                                                           en contra de quienes resulten responsables por operaciones  realizadas a través del Fideicomiso Fondo de Atención a Niños y Niñas Hijos de las Víctimas de la Lucha Contra el Crimen por la comisión del posible delito de USO ILEGAL DE ATRIBUCIONES Y FACULTADES y PECULADO, previstos en los artículos 261 fracción I inciso d) y 270 fracción I del Código Penal del Estado y/o los que resulten de los hechos que denuncio
 
 
 
TEXTO DENUNCIAS DE OMAR BAZÁN CON BASE EN EL DICTAMEN DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
 
 
MTRA. GEMA GUADALUPE CHÁVEZ DURÁN
FISCALÍA ESPECIALIZADA DEL COMBATE A LA CORRUPCIÓN 
P R E S E N T E.-
 
DIP. OMAR BAZAN FLORES, Diputado de la LXVI Legislatura del Honorable Congreso del Estado, integrante al grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y miembro de la Comisión de Fiscalización, señalando como domicilio para ori y recibir notificaciones el piso 11 del edificio ubicado en Libertad número 9 de esta ciudad, sede del Poder Legislativo, Despacho del Dip. Omar Bazán Flores, con el debido respeto comparezco ante Usted para exponer:
 
Por medio del presente escrito y con fundamento en los artículos 221, 222 y 223 del Código Nacional de Procedimientos Penales vengo a interponer formal denuncia                                                                                                                                                                                                                          en contra de la Lic. María Teresa Ortuño Gurza, Directora General del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua a quien se le atribuyen los actos y omisiones que más adelante habré de precisar y/o quienes resulten responsables por la comisión del posible delito de USO ILEGAL DE ATRIBUCIONES Y FACULTADES previsto en el artículo 261 fracción I inciso d) del Código Penal del Estado y/o los que resulten de los hechos que denuncio:
 
CONSIDERACIÓN RESPECTO A MI LEGITIMACIÓN
 
Tomando en cuenta la calidad de servidor público de elección popular con la que comparezco y como ciudadano interesado en la revisión exhaustiva de las cuentas públicas, al encontrarme en ejercicio de las funciones públicas que se me encomendaron, he tenido conocimiento de la probable existencia de la comisión de hechos que pueden ser constitutivos de delitos por parte de servidores públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua, por lo que con fundamento en el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, me veo obligado a denunciarlos inmediatamente al Ministerio Público, proporcionándole los datos que tuviere:
 
Artículo 222. Deber de denunciar
Toda persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público y en caso de urgencia ante cualquier agente de la Policía.
 
Quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito, está obligado a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público, proporcionándole todos los datos que tuviere, poniendo a su disposición a los imputados, si hubieren sido detenidos en flagrancia. Quien tenga el deber jurídico de denunciar y no lo haga, será acreedor a las sanciones correspondientes.
Fundo esta denuncia en las siguientes consideraciones de hecho y de derecho:
1. El Gobernador Constitucional del Estado, en cumplimiento a lo que disponen los artículos 3, fracción XII y 119, último párrafo de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado, remitió al H. Congreso del Estado su cuenta pública, relativa al ejercicio fiscal del año 2018, a la cual fue acompañada de los estados financieros de los entes que reciben, administran o ejercen recursos públicos, entre ellos los relativos del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua, que motiva el presente dictamen.
 
2. El C. Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, con fundamento en lo que establecen los artículos 114 y 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, turnó a la Comisión que suscribe el presente dictamen, los estados financieros del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018.
 
3. La Comisión de Fiscalización, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 114, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; remitió a la Auditoría Superior, para su revisión y glosa, los estados financieros en estudio.
 
4. El Auditor Superior del Estado, de conformidad con lo que establece la fracción X del artículo 7 de la Ley de Auditoría Superior, envió al Congreso del Estado, por conducto de la Comisión de Fiscalización, el Informe Técnico de Resultados del ente fiscalizable que nos ocupa.
 
5. El artículo 34 de la Ley de Auditoría Superior, otorga al titular del ente auditado un plazo de quince días hábiles a efecto de que lleve a cabo la contestación de las observaciones determinadas y remita al Órgano Técnico la documentación que estime conveniente para solventarlas; por tal motivo, en estricto cumplimiento al numeral invocado, se envió el resultado derivado de la auditoría practicada, solicitándole que en un plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación le diera cumplimiento a lo dispuesto por el numeral mencionado. 
 
6. El ente fiscalizado envió las aclaraciones que consideró oportunas y el soporte documental que estimó necesario para acreditar lo manifestado en su respuesta; lo anterior fue considerado en el Informe Técnico de Resultados que motiva el presente dictamen, el cual contiene los aspectos que a juicio del Órgano Técnico no quedaron debidamente solventadas.
 
7. El Órgano Técnico informó al H. Congreso del Estado, por conducto de la Comisión de Fiscalización, que el Informe Técnico de Resultados contiene entre otras las observaciones no solventadas que más adelante habré de precisar.
 
8. Ahora bien, dispone la fracción VII, del numeral 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que es facultad de la Comisión de Fiscalización del H. Congreso del Estado, el presentar al Pleno el dictamen de los informes de resultados que formule el Auditor Superior del Estado, por otro lado la Ley de Auditoría Superior, en su artículo 42, establece que una vez recibido el Informe Técnico de Resultados, el Congreso dará inicio al proceso de fiscalización del ente fiscalizable en estudio, por conducto de la Comisión de Fiscalización, misma que procederá a:
 
I. Calificar el Informe.
 
II. Señalar, en su caso, las irregularidades detectadas y la estimación cuantificable de las mismas, así como su impacto y la congruencia con los principios que establece el artículo 02, fracción V de la Ley de Auditoría Superior, conforme al siguiente procedimiento:
 
a. Si con motivo de la fiscalización que realice el Congreso, se determinan las observaciones que puedan generar responsabilidad de carácter administrativo, civil o penal, dará vista a la Auditoría Superior y ésta, sin dilación, iniciará los procedimientos en los términos del artículo 83 ter de la Constitución Política. 
 
b. Si la responsabilidad fuese de carácter administrativo, el Auditor Superior presentará la denuncia ante el Congreso del Estado, la Secretaría de la Función Pública, los Ayuntamientos u Órganos Internos de control correspondientes, para que inicie el procedimiento administrativo y, en su oportunidad, se aplique la sanción respectiva en los términos de la Ley en materia aplicable.
 
c. Si del Dictamen de la Comisión, se desprenden hechos que hagan presumir la existencia de un delito y la probable responsabilidad de alguna o algunas personas en su comisión, el Auditor Superior procederá a presentar la denuncia ante el Ministerio Público, coadyuvando con la autoridad en la investigación.
 
d. Si la responsabilidad que deriva del proceso de Fiscalización es de orden civil, se procederá a ejercitar la acción en la vía que corresponda, ante la autoridad competente.
 
9. De conformidad con lo anterior se aprobó el dictamen, por la Comisión de Fiscalización del H. Congreso del Estado el 20 de diciembre de 2019, previo análisis del Informe Técnico de Resultados, determinando que se realizaron operaciones que no quedaron debidamente solventadas a juicio del Órgano Técnico y de quienes suscribieron el dictamen, concluyendo que pueden generar responsabilidad de carácter administrativo, civil o penal, mismas que se detallan en el cuerpo del referido dictamen y que son las siguientes:
 
SERVICIOS DE ASESORÍAS.
 
OBSERVACIÓN 01: INCUMPLIMIENTO AL ANEXO DE EJECUCIÓN.
 
De la revisión practicada a la partida del gasto, se observó que, del análisis al contrato de servicios profesionales por honorarios asimilados a sueldos y salarios S/N de fecha del 01 de enero de 2018, celebrado con el Ing. Jaime Humberto Manzanera Quintana, correspondiente a servicios profesionales como Contralor Interno, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, pagando por los servicios un monto mensual de $73,900.00 descontando las retenciones correspondientes al Impuesto Sobre la Renta. Los recursos para sufragar dicho gasto relativo al pago de los servicios para el desarrollo de la función de Contralor Interno, contó con un presupuesto autorizado en el Anexo de Ejecución de este Organismo para el ejercicio fiscal 2018, como se detalla a continuación:
 
 En este sentido la plaza correspondiente a la Contraloría Interna según el apartado “B” por un monto autorizado anual de $372,393.60 de sueldo base y el apartado “D” del Anexo de Ejecución por un monto autorizado anual de $11,606.10 de aumento salarial, da un total $383,999.70, como se puede advertir en la tabla que antecede se erogaron recursos por la contratación de servicios profesionales por asimilados a sueldos y salarios por un monto de $886,800.00 menos las retenciones de Ley, por lo que se incumplió en lo establecido y autorizado según Anexo de Ejecución/ Apoyo Financiero número 0496/2018 de fecha del 08 de enero de 2018, ya que arrojó una diferencia por $502,800.30. 
 
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS.
 
OBSERVACIÓN 02: COMPRA FRACCIONADA, CONTRATOS NÚMEROS 001/2018 P.S., 001-A/2018-P.S., 006/2018-P.S. Y MODIFICATORIO 006/2018-P.S. 
 
Mediante la auditoría practicada, se detectó que, del análisis a la contratación con la C. Patricia Castañeda Solís, por un importe total devengado de $1,955,465.90, correspondiente a los servicios de vigilancia de los centros de costos (planteles) del COBACH, tales como Dirección General, Dirección Académica, Sistemas, Contraloría, Recursos Financieros, Recursos Materiales, Trabajo Social, Casa de Cultura, Gimnasio, Coordinación Zona Norte y los distintos planteles, así como el sistema de enseñanza abierta; detallándose a continuación los pagos realizados durante el ejercicio 2018:
 
 
a) Importe devengado registrado contablemente que corresponde a los pagos realizados a la C. Patricia Castañeda Solís, derivado de las contrataciones de los instrumentos legales celebrados con número 001/2018 P.S., 001-A/2018-P.S., 006/2018-P.S. y modificatorio 006/2018-P.S.
 
A continuación, se identifican las contrataciones realizadas:
 
 Nota: los artículos señalados en el cuadro en la columna de excepción dictamen, están establecidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento, Contratación de Servicios y Obra Pública de Gobierno del Estado de Chihuahua y Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios de Gobierno del Estado de Chihuahua.
 
Se determina que esta operación que en total sumó erogaciones por la cantidad de $1,955,465.90 importe que fue fraccionado con el propósito de que los montos de adquisición encuadraran con los que la ley establece como excepción a la licitación pública. Por lo mencionado en el párrafo anterior y al no ser procedente la excepción, se determina que esta adquisición se debió licitar públicamente.
 
10. Es evidente que las acciones y omisiones que se han descrito se han realizado al margen de las disposiciones legales aplicables por lo que se deduce que los servidores públicos denunciados celebraron de forma ilegal contratos de adquisiciones de bienes y servicios en los términos que se han relatado, por lo que se tipifica el delito previsto en el artículo 261 fracción I inciso d) del Código Penal del Estado, que se transcribe a continuación: 
 
Artículo 261.
Comete el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades:
I. El servidor público que ilegalmente:
a) Otorgue concesiones de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes del patrimonio del Estado;
b) Otorgue permisos, licencias o autorizaciones de contenido económico o de construcción; 
c) Otorgue franquicias, exenciones, deducciones o subsidios sobre impuestos, derechos, productos, aprovechamientos o aportaciones y cuotas de seguridad social, en general sobre los ingresos fiscales, y sobre precios y tarifas de los bienes y servicios producidos o prestados por la administración pública del Estado; o
d) Otorgue, realice o contrate obras públicas, deuda, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, o colocaciones de fondos y valores con recursos económicos públicos.
 
II. El servidor público que teniendo a su cargo fondos públicos, les dé una aplicación pública distinta de aquella a que estuvieren destinados o hiciere un pago ilegal.
A quien cometa el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades, se le impondrán de seis meses a dos años de prisión y de quinientos a mil días multa.
Cabe señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha definido por jurisprudencia, que si bien es cierto el informe de resultados de la Auditoría Superior no obliga a aprobar o rechazar la cuenta pública revisada, al ser una facultad materialmente administrativa que le corresponde a ese poder, no lo exime de acatar el artículo 16 de la Constitución Federal, en el sentido de que los actos que emita en ejercicio de esa facultad se ajusten al marco constitucional y legal estatal que regula la revisión, valorando para ello las actuaciones del órgano de fiscalización y determinando, motivadamente, la aprobación o no de la cuenta pública, lo cual es violentado claramente, pues existe una omisión de someter al Pleno el dictamen aprobado, lo que no es obstáculo para que se presente esta denuncia:
 
CUENTA PÚBLICA. EL HECHO DE QUE EL INFORME TÉCNICO QUE RINDA LA ENTIDAD DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS NO OBLIGUE A LA LEGISLATURA A APROBAR O RECHAZAR EN SUS TÉRMINOS AQUÉLLA, NO LA EXIME DE ACATAR EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Conforme a lo dispuesto por el artículo 115, fracción IV, penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se confiere en exclusiva a las Legislaturas Estatales la facultad de revisión y, en su caso, aprobación o no de la cuenta pública de los Municipios. Ahora bien, de lo dispuesto en la Constitución y legislación del Estado de Zacatecas se advierte que el Congreso Local, para ese fin, se auxilia por la Entidad de Fiscalización Superior Estatal, la cual tiene la obligación de elaborar y rendir, por conducto de las Comisiones de Vigilancia, Primera y Segunda de Hacienda, los dictámenes e informes técnicos sobre los resultados de la revisión de las cuentas públicas para su calificación y aprobación definitiva por el citado órgano legislativo. En congruencia con lo antes expuesto, se concluye que el hecho de que el órgano de fiscalización sea sólo un auxiliar y apoyo técnico del Poder Legislativo de la entidad para realizar dicha revisión y que el informe que rinda no obligue a la legislatura a aprobar o rechazar la cuenta pública revisada, al ser una facultad materialmente administrativa que le corresponde a ese poder en forma exclusiva, no exime a este último de acatar lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Federal, en el sentido de que los actos que emita en ejercicio de esa facultad se ajusten al marco constitucional y legal estatal que regula la revisión, valorando para ello las actuaciones del órgano de fiscalización y determinando, motivadamente, la aprobación o no de la cuenta pública. Lo anterior es así, porque la fiscalización de las cuentas públicas de los Ayuntamientos es un acto en el que está interesada la sociedad y que debe realizarse con transparencia y apego al principio de legalidad. Además, las reformas constitucionales a los artículos 115, fracción IV, y 74, ambos de la Carta Magna, han transformado una decisión, en principio política, en una actividad técnica que tiene como finalidad revelar el estado de dichas finanzas, asegurar la transparencia en la utilización de los recursos públicos municipales en los planes y programas aprobados y, en su caso, el fincamiento de las responsabilidades correspondientes. Es decir, la sujeción al principio de legalidad del acto de aprobación de la cuenta pública aleja la posibilidad de que una decisión de carácter eminentemente técnico se torne en una decisión política guiada por la afinidad política del Ayuntamiento auditado y de la mayoría de la Legislatura Local, o en una cuestión sujeta a negociación política, vicios que afectan la credibilidad de la actividad estatal y que pueden poner en riesgo la gobernabilidad.
Controversia constitucional 12/2003. Municipio de Río Grande, Estado de Zacatecas. 20 de enero de 2004. Mayoría de ocho votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Disidente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretarios: Pedro Alberto Nava Malagón y Laura García Velasco.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy ocho de marzo en curso, aprobó, con el número 19/2004, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a ocho de marzo de dos mil cuatro.
Época: Novena Época Registro: 181990 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, marzo de 2004 Materia(s): Constitucional Tesis: P./J. 19/2004 Página: 1297 
 
PRUEBAS
De momento se adjunta copia del dictamen del Informe Técnico de Resultados, de enviado por la Auditoría Superior del Estado correspondiente a los estados financieros del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua, por las operaciones realizadas en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018, aprobado en sesión de la Comisión de Fiscalización de fecha 20 de diciembre de 2019 y del decreto de fecha 15 de septiembre de 2020.
 
Por lo antes expuesto de Usted FISCAL ESPECIALIZADA DEL COMBATE A LA CORRUPCIÓN atentamente pido:
 
 
ÚNICO.- Tenerme en los términos de este escrito denunciando hechos que pueden ser constitutivos de delitos en contra de quien o quienes resulten responsables.
 
PROTESTO LO NECESARIO
Chihuahua, Chih. a 18 de septiembre de 2020.
 
DIP. OMAR BAZAN FLORES
 
 
FANVI
 
MTRA. GEMA GUADALUPE CHÁVEZ DURÁN
FISCALÍA ESPECIALIZADA DEL COMBATE A LA CORRUPCIÓN 
P R E S E N T E.-
 
DIP. OMAR BAZAN FLORES, Diputado de la LXVI Legislatura del Honorable Congreso del Estado, integrante al grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y miembro de la Comisión de Fiscalización, señalando como domicilio para ori y recibir notificaciones el piso 11 del edificio ubicado en Libertad número 9 de esta ciudad, sede del Poder Legislativo, Despacho del Dip. Omar Bazán Flores, con el debido respeto comparezco ante Usted para exponer:
 
Por medio del presente escrito y con fundamento en los artículos 221, 222 y 223 del Código Nacional de Procedimientos Penales vengo a interponer formal denuncia                                                                                                                                                                                                                           en contra de quienes resulten responsables por operaciones  realizadas a través del Fideicomiso Fondo de Atención a Niños y Niñas Hijos de las Víctimas de la Lucha Contra el Crimen por la comisión del posible delito de USO ILEGAL DE ATRIBUCIONES Y FACULTADES y PECULADO, previstos en los artículos 261 fracción I inciso d) y 270 fracción I del Código Penal del Estado y/o los que resulten de los hechos que denuncio.
 
CONSIDERACIÓN RESPECTO A MI LEGITIMACIÓN
 
Tomando en cuenta la calidad de servidor público de elección popular con la que comparezco y como ciudadano interesado en la revisión exhaustiva de las cuentas públicas, al encontrarme en ejercicio de las funciones públicas que se me encomendaron, he tenido conocimiento de la probable existencia de la comisión de hechos que pueden ser constitutivos de delitos por parte de servidores públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua, por lo que con fundamento en el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, me veo obligado a denunciarlos inmediatamente al Ministerio Público, proporcionándole los datos que tuviere:
 
Artículo 222. Deber de denunciar
Toda persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público y en caso de urgencia ante cualquier agente de la Policía.
 
Quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito, está obligado a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público, proporcionándole todos los datos que tuviere, poniendo a su disposición a los imputados, si hubieren sido detenidos en flagrancia. Quien tenga el deber jurídico de denunciar y no lo haga, será acreedor a las sanciones correspondientes.
Fundo esta denuncia en las siguientes consideraciones de hecho y de derecho:
 
1. El Fideicomiso Fondo de Atención a Niños y Niñas Hijos de las Víctimas de la Lucha Contra el Crimen fue creado mediante decreto del Congreso del Estado de Chihuahua número 30/2010  I P.O., dentro del cual se determinó que para su funcionamiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80, párrafo tercero de la Ley de Instituciones de Crédito, existirá un Comité Técnico que entrará en funciones a la firma del instrumento respectivo, el cual estará integrado por 12 miembros propietarios, cada uno con el suplente que respectivamente hayan designado, conformándose de la manera siguiente:
 
A) Un representante del organismo estatal para la asistencia social pública (DIF Estatal).
 
B) Un representante de la Secretaría General de Gobierno.
 
C) Un representante de la Secretaría de Hacienda.
 
D) Un representante de la Secretaría de Fomento Social.
 
E) Un representante de la Secretaría de Salud.
 
F) Un representante de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte.
 
G) Un representante de la Fiscalía General del Estado.
 
H) Un representante de la Procuraduría de Asistencia Jurídica y Social del organismo estatal para la asistencia social pública.
 
I) Un representante de la Universidad Autónoma de Chihuahua. 
 
J) Un representante de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
 
K) Un representante del Consejo de Desarrollo Social y Participación Ciudadana.
 
L) Un representante de la Fundación del Empresariado Chihuahuense.
 
 
2. El Comité Técnico del fideicomiso contará con un presidente, que será el representante del organismo estatal para la asistencia social pública (DIF Estatal), y con un secretario técnico del fideicomiso, con su respectivo suplente, designados estos últimos por el propio comité, pudiendo ser personas ajenas al Comité Técnico. Los demás miembros del Comité Técnico tendrán la calidad de Vocales.
 
3. El secretario técnico fungirá como secretario del comité; estará encargado de presentar los asuntos a tratar en las sesiones y proveer lo necesario para la ejecución de sus acuerdos. Tendrá también las demás funciones que le asigne el Comité Técnico.
 
4. El Comité Técnico tendrá, esencialmente, las atribuciones siguientes:
 
A) Circunscribirá su actuación estrictamente a los fines del presente fideicomiso.
B) Tendrá por lo menos 6 sesiones ordinarias al año, realizando sesiones extraordinarias cada vez que se juzgue conveniente para el adecuado control y toma de decisiones del propio fideicomiso.
C) Se considerará legalmente reunido y existirá quórum cuando en las sesiones esté presente la mayoría de sus miembros.
D) Designará, en su primera reunión, a los miembros del comité que fungirán como secretario técnico y  suplente.
E) Tomarán sus decisiones por mayoría de votos, y todos sus miembros tendrán la obligación de pronunciarse en las votaciones, teniendo el presidente el voto de calidad en caso de empate.
F) A propuesta del secretario técnico, aprobar, modificar y publicar las reglas de operación y los programas del fideicomiso, conforme a lo previsto en la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado de Chihuahua, y considerando para el efecto la legislación en materia de Atención y Protección a Víctimas u Ofendidos del Delito.
G) Aprobar la contratación de personal, proveedores y prestadores de servicios que se requieran para la realización de los fines del fideicomiso, con base en las propuestas que al efecto haga el secretario técnico.
H) Instruir a la fiduciaria para que, con cargo al patrimonio fideicomitido, proceda a efectuar los pagos aprobados.
I) Aprobar la distribución y utilización de los recursos fideicomitidos para la operación del fideicomiso.
J) Definir los términos y condiciones que regirán los convenios y contratos de prestación de servicios que se celebren con cargo al patrimonio del fideicomiso.
K) Instruir a la fiduciaria sobre los plazos y términos de los instrumentos en los que se deban invertir los recursos líquidos del patrimonio fideicomitido. 
L) Conocer y, en su caso, aprobar la información que le presente la fiduciaria respecto de la inversión de los fondos líquidos del fideicomiso.
M) Aprobar los informes de gestión y estados financieros que rinda el secretario técnico.
N) Todos los casos no previstos en el presente Decreto, Contrato de Fideicomiso o Reglas de Operación, serán presentados al Comité Técnico, siendo facultad de éste su análisis y en su caso aprobación.
O) En general, tendrá las facultades que sean necesarias para la consecución de los fines del fideicomiso.
         
5. Se estableció además la obligación del Ejecutivo del Estado de acompañar a la Cuenta Pública anual del Gobierno del Estado, los estados financieros del fideicomiso. El Gobernador Constitucional del Estado, en cumplimiento a lo que disponen los artículos 3, fracción XII y 119, último párrafo de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado, remitió al H. Congreso del Estado su cuenta pública, relativa al ejercicio fiscal del año 2018, a la cual fue acompañada de los estados financieros de los entes que reciben, administran o ejercen recursos públicos, entre ellos los relativos del Fideicomiso Fondo de Atención a Niños y Niñas Hijos de las Víctimas de la Lucha Contra el Crimen.
 
La Comisión de Fiscalización, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 114, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; remitió a la Auditoría Superior, para su revisión y glosa, los estados financieros respectivos.
El Auditor Superior del Estado, de conformidad con lo que establece la fracción X del artículo 07 de la Ley de Auditoría Superior, envió al Congreso del Estado, por conducto de la Comisión de Fiscalización, el Informe Técnico de Resultados del ente fiscalizable que nos ocupa.
El artículo 34 de la Ley de Auditoría Superior, otorga al titular del ente auditado un plazo de quince días hábiles a efecto de que lleve a cabo la contestación de las observaciones determinadas y remita al Órgano Técnico la documentación que estime conveniente para solventarlas; por tal motivo, en estricto cumplimiento al numeral invocado, se envió el resultado derivado de la auditoría practicada, solicitándole que en un plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación le diera cumplimiento a lo dispuesto por el numeral mencionado. 
El ente fiscalizado envió las aclaraciones que consideró oportunas y el soporte documental que estimo necesario para acreditar lo manifestado en su respuesta; lo anterior fue considerado en el Informe Técnico de Resultados que motivó el dictamen aprobado por la Comisión de Fiscalización el 30 de diciembre de 2019, el cual contiene los aspectos que a juicio del Órgano Técnico no quedaron debidamente solventadas, que son las siguientes observaciones contenidas en el informe de resultados:
 
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO.
RECTORÍA DEL FIDEICOMISO.
OBSERVACIÓN 04: LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 NO SE ENTREGARON A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, PARA SU INCORPORACIÓN EN LA CUENTA PÚBLICA 2018.
Derivado de la revisión a la documentación del Fideicomiso se encontró que, en la Segunda Sesión Ordinaria del Fideicomiso de fecha 15 de febrero de 2019, el Consejo Técnico aprobó los estados financieros por el ejercicio fiscal de 2018, sin embargo, no se localizó la evidencia de que estos fueran enviados a la Secretaría de Hacienda para que fueran acompañados con la Cuenta Pública; lo anterior en incumplimiento, al mencionar que el Ejecutivo del Estado acompañará a la Cuenta Pública anual del Gobierno del Estado, los estados financieros del fideicomiso.
EGRESOS.
OBSERVACIÓN 05: PROCEDIMIENTO INDEBIDO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TOKA INTERNACIONAL, SAPI DE C.V.
De la revisión efectuada a los procedimientos, se observó que, esta adquisición que representa una erogación de $9,498,446.40 I.V.A incluido, según el contrato de adquisiciones N° FGE/FANVI-02/2018 del 02 de julio de 2018, se adjudicó directamente, fundando el Fideicomiso la excepción a la licitación pública; aunado a eso, la adquisición de las tarjetas incluía el suministro a los beneficiarios por parte del proveedor, por lo que mediante oficio N° AECFII/035-048/06/2019 de fecha 30 de abril de 2019, se solicitó la evidencia de la entrega de los bienes en las direcciones de los beneficiarios del FANVI, dando respuesta en oficio N° FGE-2C.6/1/0333/FANVI/2019 de fecha 03 de mayo de 2019 emitido por el Secretario Técnico del Fideicomiso en donde se menciona que no se proporciona. En consecuencia, el proveedor Toka Internacional, SAPI de C.V., solo tuvo la información de números de tarjetas e importes para su dispersión de conformidad con las instrucciones del Fideicomiso mediante un layout digital enviado por correo, por lo que no se le proporcionaron datos personales en los que peligrara la vida o se altere la vida de las personas, el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del Estado, como consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor, o que por estas mismas causas no sea posible obtener bienes o servicios mediante el procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que se trate; por lo que se incumplió con las disposiciones normativas establecidas.
Lo anterior en inobservancia a las facultades del Secretario Técnico en la cláusula décima fracción VII del Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración denominado “Fondo de Atención a Niños y Niñas Hijos de las Víctimas de la Lucha Contra el Crimen”, al señalar que el Fideicomiso tendrá un Secretario Técnico y que deberá ejercer los presupuestos de ingresos y egresos conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.
EGRESOS.
OBSERVACIÓN 16: INCUMPLIMIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES PACTADOS POR PARTE DEL PROVEEDOR GRUPO DAPURI DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
De la revisión a las operaciones realizadas, se detectó que, los bienes fueron entregados hasta el 15 de febrero de 2018 y no a la firma del contrato Nº FGE/FANVI-05/2017, esto es, el 28 de diciembre de 2017 y al mencionar en el acta de entrega y recepción de los bienes, que se entregaron el 15 de febrero de 2018 en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, al Secretario Técnico del Fideicomiso, debiéndose entregar a la firma del contrato; con base en lo anterior, el proveedor incumple con la cláusula quinta del contrato la cual menciona que la entrega de los bienes se hará de forma inmediata a la firma el presente contrato, en las oficinas de la Dirección de Administración y Enajenación de Bienes y Fideicomisos, ubicada en la Ave, Simón Bolívar, número 712, colonia centro. 
Lo anterior en inobservancia a las facultades del Secretario Técnico en la cláusula décima fracción VII del Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración denominado “Fondo de Atención a Niños y Niñas Hijos de las Víctimas de la Lucha Contra el Crimen”, al señalar que el Fideicomiso tendrá un Secretario Técnico y que deberá ejercer los presupuestos de ingresos y egresos conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.
EGRESOS.
OBSERVACIÓN 17: OMISIÓN DE APLICACIÓN DE PENA CONVENCIONAL Y DE CUMPLIMIENTO AL PROVEEDOR GRUPO DAPURI DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
De la revisión a las operaciones efectuadas, se corroboró que, de acuerdo a la cláusula décima primera, pena convencional, indica que en el caso de que el proveedor no realice la entrega de los bienes en el plazo señalado, el Fondo de Atención a Niñas y Niños Hijos de las Victimas de la Lucha Contra el Crimen, podrá aplicar una pena convencional consistente en la cantidad equivalente al 0.5% diariamente sobre el valor de los bienes, hasta el momento en que sean entregados en su totalidad a entera satisfacción del ente auditado, no debiendo ser más de 20 días de atraso y a partir de ese momento se rescindirá el contrato. 
Derivado de lo anterior, el monto por la pena convencional asciende a $149,153.40 debido a que la totalidad de los bienes no fueron entregados en el plazo estipulado en la cláusula cuarta en relación con la segunda y tercera.
Por lo tanto, el Fondo de Atención a Niñas y Niños Hijos de las Victimas de la Lucha Contra el Crimen, a la fecha del 02 de mayo de 2019 no ha aplicado el descuento al proveedor Grupo Dapuri de México, S.A. de C.V. por la cantidad total de $239,549.40 en la que se integran el importe por la pena convencional por $149,153.40, más la garantía por el cumplimiento de las obligaciones que corresponde al 10% del monto total adjudicado por $90,396.00, según cheque cruzado.
EGRESOS.
OBSERVACIÓN 18: INCUMPLIMIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES PACTADOS POR PARTE DEL PROVEEDOR PROYECTOS Y SERVICIOS HELEX, S.A. DE C.V.
Mediante la auditoría realizada, se detectó que, dado que los bienes fueron entregados hasta el 26 de enero de 2018 y no a la firma del contrato Nº FGE/FANVI-06/2017, esto es, el 28 de diciembre de 2017 y al mencionar el acta de entrega y recepción de los bienes, que se entregaron el 26 de enero de 2018 en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, al Secretario Técnico del Fideicomiso, debiéndose entregar a la firma del contrato; en base a lo anterior el proveedor incumple con la cláusula quinta del contrato la cual menciona que la entrega de los bienes se hará de forma inmediata a la firma el presente contrato, en las oficinas de la Dirección de Administración y Enajenación de Bienes y Fideicomisos, ubicada en la Ave, Simón Bolívar, número 712, colonia centro. 
Lo anterior en inobservancia a las facultades del Secretario Técnico en la cláusula décima fracción VII del Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración denominado “Fondo de Atención a Niños y Niñas Hijos de las Víctimas de la Lucha Contra el Crimen”, al señalar que el Fideicomiso tendrá un Secretario Técnico y que deberá ejercer los presupuestos de ingresos y egresos conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.
Los pagos se integran de la siguiente forma:
EGRESOS.
OBSERVACIÓN 19. OMISIÓN DE APLICACIÓN DE PENA CONVENCIONAL Y DE CUMPLIMIENTO AL PROVEEDOR PROYECTOS Y SERVICIOS HELEX, S.A. DE C.V.
De la revisión practicada, se observó que, de acuerdo a la cláusula décima primera, pena convencional, indica que en el caso de que el proveedor no realice la entrega de los bienes en el plazo señalado, el Fondo de Atención a Niñas y Niños Hijos de las Victimas de la Lucha Contra el Crimen, podrá aplicar una pena convencional consistente en la cantidad equivalente al 0.5% diariamente sobre el valor de los bienes, hasta el momento en que sean entregados en su totalidad a entera satisfacción del ente auditado, no debiendo ser más de 20 días de atraso y a partir de ese momento se rescindirá el contrato. 
Derivado de lo anterior, el monto por la pena convencional asciende a $94,880.07, debido a que la totalidad de los bienes no fueron entregados en el plazo estipulado en la cláusula cuarta en relación con la segunda y tercera.
Por lo tanto, el Fondo de Atención a Niñas y Niños Hijos de las Victimas de la Lucha Contra el Crimen, a la fecha del 02 de mayo de 2019 no ha llevado a cabo el procedimiento administrativo de rescisión del contrato y de aplicar el descuento al proveedor Proyectos y Servicios Helex, S.A. de C.V. por la cantidad total de $185,242.04 en la que se integra el importe por la pena convencional por $94,880.07, más la garantía por el cumplimiento de las obligaciones que corresponde al 10% del monto total adjudicado por  $90,361.97, según cheque cruzado.
EGRESOS.
OBSERVACIÓN 20: INCUMPLIMIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES PACTADOS POR PARTE DEL PROVEEDOR INDUSTRY CONECT, S.A. DE C.V.
Mediante la revisión efectuada, se determinó que, los bienes fueron entregados hasta el 26 de enero de 2018 y no a la firma del contrato Nº FGE/FANVI-04/2017, esto es, el 27 de diciembre de 2017 y al mencionar el acta de entrega y recepción de los bienes, que se entregaron el 26 de enero de 2018 en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, al Secretario Técnico del Fideicomiso, debiéndose entregar a la firma del contrato; en base a lo anterior el proveedor incumple con la cláusula quinta del contrato la cual menciona que la entrega de los bienes se hará de forma inmediata a la firma el presente contrato, en las oficinas de la Dirección de Administración y Enajenación de Bienes y Fideicomisos, ubicada en la Ave, Simón Bolívar, número 712, colonia centro. 
Los pagos se integran de la siguiente forma:
Lo anterior en inobservancia a las facultades del Secretario Técnico en la cláusula décima fracción VII del Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración denominado “Fondo de Atención a Niños y Niñas Hijos de las Víctimas de la Lucha Contra el Crimen”, al señalar que el Fideicomiso tendrá un Secretario Técnico y que deberá ejercer los presupuestos de ingresos y egresos conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.
EGRESOS.
OBSERVACIÓN 21: OMISIÓN DE APLICACIÓN DE PENA CONVENCIONAL Y DE CUMPLIMIENTO AL PROVEEDOR INDUSTRY CONECT, S.A. DE C.V.
De acuerdo a la cláusula décima primera, pena convencional, indica que, en el caso de que el proveedor no realice la entrega de los bienes en el plazo señalado, el Fondo de Atención a Niñas y Niños Hijos de las Victimas de la Lucha Contra el Crimen, podrá aplicar una pena convencional consistente en la cantidad equivalente al 0.5% diariamente sobre el valor de los bienes, hasta el momento en que sean entregados en su totalidad a entera satisfacción del ente auditado, no debiendo ser más de 20 días de atraso y a partir de ese momento se rescindirá el contrato. 
Derivado de lo anterior, el monto por la pena convencional asciende a $94,678.50, debido a que la totalidad de los bienes no fueron entregados en el plazo estipulado en la cláusula cuarta en relación con la segunda y tercera.
El cálculo estimado por este ente fiscalizador se integra de la siguiente manera: 
Por lo tanto, el Fondo de Atención a Niñas y Niños Hijos de las Victimas de la Lucha Contra el Crimen, a la fecha del 02 de mayo de 2019 no ha llevado a cabo el procedimiento administrativo de rescisión del contrato y de aplicar el descuento al proveedor Industry Conect, S.A. de C.V., por la cantidad total de $184,848.50 en la que se integran el importe por la pena convencional por $94,678.50, más la garantía por el cumplimiento de las obligaciones que corresponde al 10% del monto total adjudicado por  $90,170.00, según cheque cruzado.
EGRESOS.
OBSERVACIÓN 22: INCUMPLIMIENTO EN LA FECHA PACTADA DE ENTREGA DE LOS BIENES, POR PARTE DEL PROVEEDOR GRUPO DESARROLLADOR EMPRESARIAL VISCORP, S.A. DE C.V.
De la revisión practicada, se observó que, los bienes fueron entregados hasta el 29 de enero de 2018 y no a la firma del contrato Nº FGE/FANVI-07/2017, esto es, el 29 de diciembre de 2017 y al mencionar el acta de entrega y recepción de los bienes, que se entregaron el 29 de enero de 2018 en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, al  Secretario Técnico del Fideicomiso, debiéndose entregar a la firma del contrato; en base a lo anterior el proveedor incumple con la cláusula quinta del contrato la cual menciona que la entrega de los bienes se hará de forma inmediata a la firma el presente contrato, en las oficinas de la Dirección de Administración y Enajenación de Bienes y Fideicomisos, ubicada en la Ave, Simón Bolívar, número 712, colonia centro. 
Los pagos se integran de la siguiente forma:
 Lo anterior en inobservancia a las facultades del Secretario Técnico en la cláusula décima fracción VII del Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración denominado “Fondo de Atención a Niños y Niñas Hijos de las Víctimas de la Lucha Contra el Crimen”, al señalar que el Fideicomiso tendrá un Secretario Técnico y que deberá ejercer los presupuestos de ingresos y egresos conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, así como la cláusula décimo sexta del contrato en relación al cumplimiento y administración del mismo.
EGRESOS.
OBSERVACIÓN 23: OMISIÓN DE APLICACIÓN DE PENA CONVENCIONAL Y DE CUMPLIMIENTO AL PROVEEDOR GRUPO DESARROLLADOR EMPRESARIAL VISCORP, S.A. DE C.V.
 
Derivado de la revisión, se detectó que, de acuerdo a la cláusula décima primera, pena convencional, indica que en el caso de que el proveedor no realice la entrega de los bienes en el plazo señalado, el Fondo de Atención a Niñas y Niños Hijos de las Victimas de la Lucha Contra el Crimen, podrá aplicar una pena convencional consistente en la cantidad equivalente al 0.5% diariamente sobre el valor de los bienes, hasta el momento en que sean entregados en su totalidad a entera satisfacción del ente auditado, no debiendo ser más de 20 días de atraso y a partir de ese momento se rescindirá el contrato. 
Derivado de lo anterior, el monto por la pena convencional asciende a $93,314.15, debido a que la totalidad de los bienes no fueron entregados en el plazo estipulado en la cláusula cuarta en relación con la segunda y tercera.
El cálculo estimado por este ente fiscalizador se integra de la siguiente manera:
Por lo tanto, el Fondo de Atención a Niñas y Niños Hijos de las Victimas de la Lucha Contra el Crimen, a la fecha del 2 de mayo de 2019 no ha llevado a cabo el procedimiento administrativo de rescisión del contrato y de aplicar el descuento al proveedor Grupo Desarrollador Empresarial Viscorp, S.A. de C.V. por la cantidad total de $182,184.77 en la que se integran el importe por la pena convencional por $93,314.15, más la garantía por el cumplimiento de las obligaciones que corresponde al 10% del monto total adjudicado por  $88,870.62, según cheque cruzado.
EGRESOS.
OBSERVACIÓN 24: INCUMPLIMIENTO EN LA FECHA PACTADA DE ENTREGA DE LOS BIENES, POR PARTE DEL PROVEEDOR GRUPO ISBERU, S.A. DE C.V.
Derivado de la revisión a las operaciones, se detectó que, los bienes fueron entregados hasta el 29 de enero de 2018 y no a la firma del contrato Nº FGE/FANVI-02/2017, esto es, el 22 de diciembre de 2017 y al mencionar el acta de entrega y recepción de los bienes, que se entregaron el 29 de enero de 2018 en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, al Secretario Técnico del Fideicomiso, debiéndose entregarse a la firma del contrato; en base a lo anterior el proveedor incumple con la cláusula quinta del contrato la cual menciona que la entrega de los bienes se hará de forma inmediata a la firma el presente contrato, en las oficinas de la Dirección de Administración y Enajenación de Bienes y Fideicomisos, ubicada en la Ave, Simón Bolívar, número 712, colonia centro. 
Los pagos se integran de la siguiente forma:
 
 
 
Lo anterior en inobservancia a las facultades del Secretario Técnico en la cláusula décima fracción VII del Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración denominado “Fondo de Atención a Niños y Niñas Hijos de las Víctimas de la Lucha Contra el Crimen”, al señalar que el Fideicomiso tendrá un Secretario Técnico y que deberá ejercer los presupuestos de ingresos y egresos conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, así como la cláusula décimo sexta del contrato en relación al cumplimiento y administración del mismo.
EGRESOS.
OBSERVACIÓN 25: OMISIÓN DE APLICACIÓN DE PENA CONVENCIONAL Y DE CUMPLIMIENTO AL PROVEEDOR GRUPO ISBERU, S.A. DE C.V.
De acuerdo a la cláusula décima primera, pena convencional, indica que, en el caso de que el proveedor no realice la entrega de los bienes en el plazo señalado, el Fondo de Atención a Niñas y Niños Hijos de las Victimas de la Lucha Contra el Crimen, podrá aplicar una pena convencional consistente en la cantidad equivalente al 0.5% diariamente sobre el valor de los bienes, hasta el momento en que sean entregados en su totalidad a entera satisfacción del ente auditado, no debiendo ser más de 20 días de atraso y a partir de ese momento se rescindirá el contrato. 
Derivado de lo anterior, el monto por la pena convencional asciende a $101,412.50, debido a que la totalidad de los bienes no fueron entregados en el plazo estipulado en la cláusula cuarta en relación con la segunda y tercera.
El cálculo estimado por este ente fiscalizador se integra de la siguiente manera:
Por lo tanto, el Fondo de Atención a Niñas y Niños Hijos de las Victimas de la Lucha Contra el Crimen, a la fecha del 2 de mayo de 2019 no ha llevado a cabo el procedimiento administrativo de rescisión del contrato y de aplicar el descuento al proveedor Grupo Isberu, S.A. de C.V. por la cantidad total de $182,542.50 en la que se integran el importe por la pena convencional por $101,412.50 más la garantía por el cumplimiento de las obligaciones que corresponde al 10% del monto total adjudicado por  $81,130.00, según cheque cruzado.
EGRESOS.
OBSERVACIÓN 26: CONTRATOS FRACCIONADOS DE VARIOS PROVEEDORES POR COMPRA DE CHAMARRAS DE INVIERNO.
Mediante la auditoría practicada, se determina que estas operaciones fueron fraccionadas ya que se realizaron en total, los siguientes contratos:
Por lo que, al realizarse contratos consecutivos a distintos proveedores, en el mismo mes y por el mismo concepto, se observa que el importe de $4,409,285.91 sin incluir el I.V.A., fue fraccionado. 
Por lo mencionado en el párrafo anterior y al no ser procedente la excepción, se determina que esta adquisición se debió licitar públicamente.
EGRESOS.
OBSERVACIÓN 27: FALTA DE CONTROL DE ALMACÉN EN ENTREGA DE CHAMARRAS.
Derivado de la auditoría realizada, se observó que, el 17 de mayo de 2019 se llevó acabo en las oficinas del Fideicomiso Fondo de Atención a Niñas y Niños Hijos de las Víctimas de la Lucha Contra el Crimen (FANVI), el inventario físico de las chamarras, el cual se presenta de la siguiente manera:
De un total de 6,263 chamarras para su entrega a los beneficiarios de los diferentes municipios del estado de Chihuahua, en distintos municipios fueron entregadas a los beneficiarios 3,963, quedando en sus inventarios 977 pendientes de entregar; en las oficinas del FANVI físicamente se encuentran 1,115 pendientes de entrega, las cuales se encuentran en cajas etiquetadas por tallas y no cuentan con un lugar específico de almacén, tampoco realizan contablemente las entradas y salidas al almacén para llevar más control de las adquisiciones ya que no se puede identificar de que proveedor y factura corresponde y que el Fideicomiso ya las tiene registradas contablemente como gasto en su totalidad, aunado a lo anterior,  se detectó faltante de 208 chamarras las cuales no se identificaron sus precios unitarios ni en cual municipio se encuentran; por lo que este órgano fiscalizador tomó como precio unitario de referencia de $665.62 por chamarra tomado del contrato N° FGE/FANVI-01/2018 de fecha 02 de julio de 2018 del proveedor Grupo Isberu S.A. de C.V. ya que a este proveedor se le adquirió una cantidad de 2,000 a 3,000 chamarras siendo más probable  que los faltantes correspondan a dicho contra



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