La herida de Bolívar 168 continúa abierta, reabren caso penal


En el sismo de magnitud 7.1 del 19 de septiembre de 2017, la madre y hermana de Fernando Sánchez Lira murieron en el derrumbe de Simón Bolívar 168.

Por: Redacción
2019-09-17

 

 

Con ellas, otras 13 personas perecieron, sin embargo la tragedia no fue sólo efecto de la naturaleza. El último día de la administración de Miguel Ángel Mancera como jefe de Gobierno, el Ministerio Público promovió la no acción penal del caso, que se peleaba por la vía jurídica.

"La procuraduría local decidió declarar el no ejercicio de la acción penal, el 30 de noviembre del 2018, fue extraño porque lo hicieron el último día de la administración pasada, pero al Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria –que lleva el caso– y al señor Fernando nos notificaron hasta enero”, dijo el abogado Michel Cervantes Padilla.

El proceso penal es contra la firma que rentaba espacios a diversas empresas, la Inmobiliaria Inmobico S.A. de C.V., por irregularidades en la construcción y en elementos que se le adicionaron.

 

Los abogados impugnaron la decisión de la Procuraduría, pero la autoridad no les dio la razón, así que buscaron un amparo, el cual ganaron en marzo pasado.

El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, pidió asesoría al arquitecto forense Sergio Beltrán, quien narró a Excélsior que en la carpeta de investigación están documentadas “una serie de irregularidades en cuanto a la construcción, mantenimiento y garantía de la seguridad estructural de Bolívar 168, y que son responsabilidad del Estado”.

El edificio se construyó en 1943 “para uso de vivienda habitacional con planta baja y dos pisos, pero a lo largo del tiempo cambió de dueño varias veces, se le agrega un tercer y cuarto piso, y para el 2017 incluso una azotea, con la mitad de la superficie techada”.

De tal forma que en los planos de Bolívar 168, en poder de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) “constaba que el edificio tenía una superficie de poco más de dos mil metros cuadrados construidos, pero al momento del colapso había más de tres mil metros cuadrados construidos, casi 25 por ciento más de superficie”.

Esos cambios agregaron peso a la estructura y a ello se sumó que en 2003 la empresa Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V. alquiló una parte de la azotea para colocar una antena de telecomunicaciones.

Ni el MP, ni la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México –que emitió la recomendación 12-2018 sobre varios casos de colapso- ha podido encontrar uno de los documentos esenciales para obtener permiso para colocar una antena: el cálculo estructural que avale que el edificio y su estructura se habían estudiado previamente, y que podían soportar esta carga extra”, señala el  arquitecto forense.

Beltrán recordó que en los videos que existen del 19-S se observa que desde una esquina comienza el colapso de Bolívar 168 y eso “jala” al resto del edificio.

Eso coincide con la ubicación de la subestación eléctrica que alimentaba esta antena, que es un elemento de gran peso concentrado”.

 

LENTO PROCESO

 

El abogado Michel Cervantes Padilla explicó que aunque se reabrió la investigación en marzo, el proceso ha sido muy lento: “Sigue en etapa de investigación, eso quiere decir que no se ha llevado a cabo ninguna audiencia, sin embargo hemos visto que faltan muchísimas cosas qué investigar. Nosotros somos los que hemos tenido que insistir a la Procuraduría cómo investigar, qué investigar”.

En tanto, Fernando Sánchez Lira, quien ya había perdido un riñón antes del 19-S, enfrenta depresión desde que perdió a su madre y su hermana, por lo que ha tenido que recurrir a  antidepresivos.

Pero estos fármacos controlados ya le generaron una neuropatía que le afectó la vejiga.

Ahora espera que la actual administración en la Procuraduría le dé celeridad al caso.

La carpeta ya está completa con los elementos que se nos habían solicitado; no sabemos por qué no se ha revisado; con menos evidencias el caso del Rébsamen ya está judicializado, ya hay gente en la cárcel”.



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